Tras la ultima reunión plenaria, el Consejo de la Magistatura quedó paralizado, no ha sido posible desde entonces votar candidatos a juez para cubrir la enorme cantidad de vacantes en los juzgados a nivel Federal y Nacional y han quedado paralizados los expedientes disciplinarios y de juicio político contra magistrados.
Horacio Rosatti ha impulsado la recuperación de la funcionalidad del Consejo de la Magistratura
Las aguas están divididas a la hora de hablar de causas. Desde la justicia responsabilizan a la incapacidad de la política de ponerse de acuerdo y mandar a los consejeros del Senado, mientras que el kirchnerismo acusa a Rosatti de embarrar la cancha.
La verdad es que el Consejo de la Magistratura está paralizado desde hace seis meses, cuando ocurrió la última reunión plenaria, sin que pudieran votarse desde entonces ningún candidato a juez para cubrir el 25 por ciento de juzgados vacantes en la justicia nacional y federal, y sin que avanzaran los expedientes disciplinarios y de juicio político contra magistrados investigados por inconductas.
En diciembre del año pasado ordenó en un fallo volver a la vieja ley del Consejo de 1999. Se realizaron las elecciones de nuevos consejeros y juraron los representantes de los jueces, los abogados y los académicos. Además, en otro fallo, señaló al kirchnerismo por elaborar un “ardid” falto de “buena fe” para alterar las reglas y burlar la representación de las minorías parlamentarias en el Consejo. Finalmente, abordó las medidas que trababan las juras de los diputados. Solo resta resolver lo que sucederá con los senadores. La Corte ha ido tomando cartas en el asunto y sin prisa, pero sin pausa, ha ido creando las condiciones para que el Consejo vuelva a funcionar.
En su ultima acordada, los jueces de la Corte dijeron que, ante todo, tienen el deber de evitar que el Consejo de la Magistratura se paralice y deben propender a que se integre y funcione “en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”.
Asimismo, sostuvieron que los consejeros de los diferentes estamentos tienen el deber constitucional y legal de designar a sus representantes, “y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento” del Consejo. En otras palabras, el deber de la Corte es que el Consejo actúe y que la política, por más que pretenda trabarlo, no puede evitar el funcionamiento de uno de los organismos de la Constitución.
“Como principio la parálisis del consejo es un tema preocupante. Que el organismo que se tiene que encargar de la administración del Poder Judicial no funcione desde hace seis meses como principio general es preocupante. Los consejeros que intentamos llegar no hemos podido jurar por razones ajenas a nuestra voluntad”, dijo el diputado Álvaro Gonzalez, de Pro.
Comments