El enfrentamiento entre los Gobernadores y el Ejecutivo Nacional escala y amenaza con llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al recorte de fondos que han sufrido las provincias en materia de subsidios al transporte público; los 10 mandatarios de JxC apuntan a una reunión para generar consensos sobre un nuevo pacto físcal
Indignación y quita de subsidios
Milei se mantiene firme en su estrategia de confrontación con el Congreso y los Gobernadores tras el fracaso de la Ley de Bases. En la semana manifestó su enojo con los mandatarios provinciales y parlamentarios a los que llamó “traidores” y “delincuentes”.
En ese contexto ell Gobierno dio a conocer el jueves la decisión de eliminar el Fondo Compensatorio del Interior que era destinado para subsidiar las tarifas del transporte público en las provincias, lo que puso en alerta a los gobernadores.
Déficit en la mira
Tras el fracaso de la Ley Omnibus en el Congreso, el Gobierno decidió avanzar hacia su meta de déficit fiscal recortando fideicomisos y partidas presupuestarias destinadas a las provincias. Se trata, según indican funcionarios de las gobernaciones, de una maniobra que “busca mantener el equilibrio fiscal nacional a costa del de las provincias” y agregan que “detrás de la medida económica existe una intención política de acorralar a los gobernadores para que cedan sus presiones y acompañen a sobre cerrado el programa económico de Milei”. El recorte del jueves representa una quita de 102.000 millones de pesos.
Trato desigual
Otra queja que suena fuerte entre los gobernadores es que la medida excluye de la decisión al Área Metropolitana de Buenos Aires. El Gobierno nacional destina actualmente $88 mil millones en subsidios mensuales al AMBA sólo por colectivos. Esa cifra no incluye subtes ni trenes.
Conforme la última devaluación que dispuso el Gobierno nacional en diciembre último, que llevó el dólar oficial a $800, y al crecimiento de la inflación, en las provincias estiman que la cifra por subsidios al transporte se iría a iría a $150 mil millones por mes para el AMBA.
“La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo”.
Alfredo Cornejo en su cuenta de "X"
La ofensiva judicial
En este escenario, algunos mandatarios ya instruyeron a sus equipos legales para evaluar alguna estrategia judicial. En Córdoba, por ejemplo, no descartan insistir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el histórico reclamo de la deuda con Nación por las Cajas de Jubilaciones. En Santa Fe no contemplan aún un escenario de judicialización, aunque señalan que el Estado nacional les debe $660 mil millones del sistema previsional.
En Chubut y en Mendoza no descartan interponer una acción cautelar ante el máximo tribunal para impedir que la Nación recorte los fondos destinados al transporte en esas provincias. De hacer lugar la Justicia, el Gobierno se vería obligado a sostener las partidas a esos distritos mientras los cortesanos analicen y resuelvan el problema de fondo.
Si bien cada provincia y cada caso es particular, con una sola provincia que obtenga el visto bueno de la Corte Suprema será suficiente como precedente para que el resto de los estados subnacionales apelen a la misma vía. La vía judicial es una posibilidad que evalúan los gobernadores si Milei no depone la confrontación contra las provincias.
Cajas de jubilaciones
A la par de los subsidios al transporte, hay 13 provincias que tienen un sistema previsional propio. En esos casos, la Anses cubre una parte del déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas. El resto de las provincias, en cambio, transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado central luego de la reforma constitucional de 1994.
Esa situación implicó numerosas demandas judiciales entre las provincias que tienen un sistema previsional propio contra la Nación. El caso de Córdoba es, posiblemente, de los más icónicos. Esa provincia estuvo en pie de guerra con la Casa Rosada durante años. Durante la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de Juan Schiaretti, ambas partes habían llegado a un principio de acuerdo. Sin embargo, los cordobeses sostienen que aún Balcarce 50 no canceló la deuda por las cajas jubilatorias y evalúa con insistir en la Corte con el mismo planteo.
Gobernadores en la mira
Tras la caída de la Ley Ómnibus, Milei apuntó centralmente contra Córdoba, Salta, Misiones, Río Negro y Santa Fe como las provincias que “no cumplieron lo pactado” para apoyar al Gobierno en el Congreso. El santafesino Maximiliano Pullaro se desmarcó de esa acusación. Integrante de la Liga de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, asegura que los legisladores de su partido, la Unión Cívica Radical, y de su provincia, acompañaron la normativa.
El santafesino por el momento apuesta a mantener el diálogo con la Casa Rosada y evita hablar de confrontación en medio de la pulseada política.
Idéntica actitud adoptan gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Marcelo Orrego, de San Juan, o Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires. Nacho Torres, de Chubut, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, aunque no ocultan su malestar por la actitud de Milei. Ambos, así como también el resto de sus colegas de JxC, fueron de la idea original de “colaborar con la gobernabilidad” del Poder Ejecutivo, considerando que se trata de un Gobierno que asumió en minoría parlamentaria y sin ningún gobernador.
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