El FBI habría retenido celulares y dispositivos electrónicos a dirigentes de la AFA
- Emiliano Damonte
- hace 1 día
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Agentes del FBI demoraron en el aeropuerto JFK de Nueva York al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, antes de su regreso a la Argentina, y le solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónico
Las autoridades estadounidenses también habrían retenido computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires en el vuelo chárter AR 1971. El procedimiento demoró más de dos horas la salida del avión y postergó el arribo de la delegación a Ezeiza.
Tapia fue citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y deberá aportar información vinculada con Tourprodenter, además de comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
La investigación analiza la estructura utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Las operaciones bajo revisión superarían los US$300 millones e incluyen ingresos por patrocinios, partidos amistosos, derechos televisivos y otros negocios vinculados con la Selección.
La empresa bajo investigación
Tourprodenter LLC, administrada por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA para cobrar contratos internacionales y gestionar acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos comerciales.
Por una cuenta de PNC Bank pasaron US$13,5 millones en menos de un año. Parte del dinero habría permanecido en las cuentas durante períodos breves antes de ser transferido a otros destinos.
Entre los movimientos aparecen pagos por logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos. También se identificaron transferencias por unos US$3,17 millones a sociedades con escasa actividad comercial conocida, entre ellas Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.
Varias de esas empresas compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida. Algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a tomar estado público.
El origen de la investigación
Las primeras medidas no implicaban, por sí solas, imputaciones formales. El objetivo inicial era establecer el origen y destino de los fondos, identificar a los beneficiarios finales y determinar si las operaciones podían constituir delitos bajo la legislación estadounidense.
La incautación de los dispositivos representa un avance relevante porque permitirá preservar y analizar comunicaciones, archivos y registros digitales, y contrastarlos con los movimientos bancarios y societarios ya reunidos.
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