La Policía Federal Argentina realizó este viernes una serie de allanamientos en la Municipalidad de San Martín por un episodio que ocurrió hace unos meses de un hecho similar al caso «Contratos Truchos» que se investiga en la Legislatura de Entre Ríos y a “Chocolate” Rigau en La Plata. La causa es investigada por la jueza federal Alicia Vence, que además prohibió que el intendente Fernando Moreira salga del país. Todo comenzó cuando descubrió que un empleado del Concejo Deliberante de la localidad cobraba con varias tarjetas de crédito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.
La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido. Según se señaló, cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por parte de la intendencia de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social.
Ese fue el puntapié de la investigación que derivó en descubrir que una persona del Municipio de San Martín tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante. Así es que personas con desconocimiento total figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios como supuestos trabajos, según indicó la agencia Noticias Argentinas.
La jueza Vence encaminó una investigación en la cual ya impuso la prohibición de salida del país para cinco personas entre ellas al intendente de San Martín, Fernando Moreira. Las otras personas son José Maria Fernández, Hector Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor, que serían empleados del municipio. Se les ordenó también presentarse del 1 al 5 de cada mes en el juzgado.
Semana atrás fue allanado la oficina del presidente del Concejo Deliberante en el marco de la misma causa. El funcionario falleció poco después.
El juzgado ordenó los procedimientos en busca de documentación para cotejar listados de personal y cruzarlos con nombres de beneficiarios de planes sociales. Por el momento, se desconocen los resultados de los procedimientos.
El caso tuvo un origen similar al de Julio “Chocolate” Rigau, quien cayó el 9 de septiembre pasado en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos. La Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a “ñoquis” de la Legislatura bonaerense y terminaron también presos el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini.
El magistrado de la causa entendió que que formaban parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial, pero advirtió que “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones”. De esa manera, apuntó a legisladores de todos los colores políticos y a las autoridades de la Cámara de Diputados. Varios de esos funcionarios ya declararon como testigos en las últimas semanas.
Según los investigadores de la causa Chocolate, la maniobra con las tarjetas de débito que se descubrió con la detención de Rigau implicó una estafa al Estado de al menos $400 millones, solo entre 2022 y 2023. Del análisis de los movimientos bancarios surgió, además, que “Chocolate” recibió transferencias sospechosas desde las cuentas bancarias de algunos de los dueños de las tarjetas.
La fiscal Bettina Lacki pidió informes a la Cámara de Diputados, a la AFIP, a IOMA, y al Instituto Previsional Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) para ampliar la pericia. Entre otros cosas, quiere tener los extractos bancarios desde la de apertura de cada cuenta. Hay algunas que se remontan a 2012.
Del análisis de los movimientos bancarios surgió, además, que Julio Rigau recibió transferencias sospechosas desde las cuentas bancarias de algunos de los dueños de las tarjetas. “Del resumen bancario de la cuenta del Banco Provincia de Julio Segundo RIGAU: se observaron transferencias recibidas (la mayoría Cuentas DNI -app del Banco Provincia) de diferentes personas hacia la cuenta del nombrado, durante 2022-2023, muchas coincidentes con los mensajes de Whatsapp y nombrados en la investigación”, dice el informe.
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