Editorial
En un contexto de alta tensión tras el atentado contra la vicepresidenta, la Agencia de noticias del Estado publicó una imagen que busca responsabilizar a los medios por el hecho, lo que constituye una grave violación al derecho de libre pensamiento y expresión.
La imagen que publicó la agencia Estatal Telam.
Se trata de un dibujo utilizado por la agencia oficial para ilustrar una nota titulada: "Funcionarios y especialistas coincidieron en reclamar responsabilidad a políticos y medios".
Lo grave de la publicación no está en el dibujo o en lo que sugiere, que podría ser objeto de una discusión muy seria. Lo verdaderamente grave, es que la publica el Estado, porque Télam, por si a alguno se le escapa el dato, es el Estado.
Cuando el Estado dirige una campaña que busca de algún modo condicionar el accionar de la prensa y los medios de comunicación, estamos ante una violación al derecho de expresión.
Télam, como decíamos antes, es un organismo estatal, de todos los argentinos. Por esto debería funcionar para informar a todos los argentinos y de ninguna manera debería formar parte de una maniobra que busca demonizar a los medios de comunicación y limitar la libertad de prensa.
En la “Declaración de principios sobre la libertad de expresión” de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (OEA), encontramos claramente cuanto sigue.
6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.
El Articulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos advierte claramente acerca de los límites del Estado respecto al derecho de expresión.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
No es objetivo de esta editorial ir más allá de establecer que en el momento en que el Estado, personalizado en este caso por la Agencia Télam, busca por cualquier medio limitar la libertad de expresión, nos encontramos ante una violación de un Derecho Humano, descripto claramente en el articulo citado más arriba.
Esperamos que todo este discurso, que ha buscado instrumentalizar el deplorable atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación, no se transforme en un “Discurso de Estado” y que Télam no termine convirtiéndose en un organismo de propaganda política.
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