El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a declaraciones de Javier Milei respecto a una Corte “bastante poco amigable”, declarando que el Supremo Tribunal le está dando una “chance” a la política para que allane sus problemas, pero que resolverán en un plazo razonable si no hay avances; Rosatti se sigue mostrando como un límite infranqueable para el poder político
Horacio Rosatti, aseguró que el máximo tribunal está esperando que la política resuelva sus problemas, en alusión a los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 del presidente Javier Milei y los conflictos entre los gobernadores y la Casa Rosada, que generaron cerca de 30 demandas por casi 1000 millones de dólares. No obstante, afirmó que si la política no resuelve en estos asuntos, habrá un fallo del máximo tribunal “en un plazo razonable”.
Situación de la Corte
La Corte de Rosatti ha sido árbitro y límite de muchas de las embestidas del kirchnerismo, especialmente en el último año de la gestión de Alberto Fernández y se ha mostrado como un personaje inmanejable para la clase política y una garantía de independencia del Poder Judicial. Esta situación no parece haber cambiado demasiado con la llegada de Javier Milei, quien debido a su falta de representación parlamentaria y territorial encontraría en la Corte Suprema una variable para ejercer poder real.
Los dos nombres propuestos por el Ejecutivo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, son nombres que buscan licuar el poder de Rosatti al interno de un máximo tribunal que se ha manejado en los últimos años de manera casi monolítica, más allá de alguna disidencia, poniendo un freno a las embestidas de la política. García Mansilla, hombre de confianza de MIlei y Ariel Lijo, viejo operador de diversos sectores, son nombres que podrían romper ese bloque incómodo para el poder político.
No judicialización
“Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema [por las demandas contra el DNU y los recortes del Gobierno a las provincias] la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”, afirmó Rosatti, el mediodía de ayer, al hablar en el Rotary Club de Buenos Aires.
Declaraciones de Milei
Milei había sostenido el sábado pasado que “al menos tres jueces” de la Corte tienen una “posición bastante poco amigable” hacia el DNU 70/23, que avanzó con la desregulación de la economía, en alusión a los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda y dejando en claro la necesidad percibida de una Corte “amiga” del Poder Ejecutivo que siente el Presidente.
Disertación de Rosatti en el Hotel Libertador
Rosatti dio este mediodía un discurso en el primer piso del Hotel Libertador, donde habló de la filosofía económica y la filosofía política de la Constitución Nacional y respondió preguntas. CConsultado sobre la relación entre la Justicia y el Gobierno, Rosatti respondió que era “tensa” y “difícil”, porque jueces y políticos tienen lógicas diferentes. “La relación es normal, pero la relación entre la política y la Justicia es a veces tensa, difícil. La política quiere definiciones rápidas generales y el juez resuelve casos particulares tiene su ritmo la cabeza del juez, [que] está puesta en restablecer el orden jurídico. La política es diferente”, sostuvo.
“No se mueven con la misma razón, tienen lógicas diferentes y este conflicto hace que se genere una mutua incomprensión. Es inexorable. Si el juez no entiende al político y el político no entiende al juez, la forma de acortar esta brecha es a partir del diálogo institucional”, propuso y comparó: “El político es el pintor de brocha gorda y el juez es como el ebanista: cuando al juez le dan la brocha gorda, se le complica”.
Al hablar de la filosofía económica de la Constitución Nacional, destacó que es el capitalismo basado en la propiedad privada, la competencia y la iniciativa propia, pero aclaró que la Carta Magna “no prohíbe la intervención del Estado, sino que señala que el Estado es el que debe favorecer” asuntos como la educación o la industria, entre otros, y mencionó en particular un artículo que promueve y facilita el desarrollo y la transformación del país. Dijo que el Estado debe favorecer por ejemplo con la política tributaria, por ejemplo, para facilitar la transformación.
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