El juez Ercolini además levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas; se investigan posibles direccionamientos de contrataciones en beneficio de un broker conocido del ex Presidente; las sospechas de Ercolini sobre la existencia de una organización delictiva integrada por el expresidente fueron alimentadas por el decreto 823 del año 2021 que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano
Inhibición de los bienes de Alberto Fernández
El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa en que se investiga si direccionó la contratación de seguros del Estado con un productor de seguros que es esposo de su secretaria privada.
La inhibición general de bienes apunta a preservar el patrimonio de Fernández. La medida de Ercolini abarca también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, incluidos el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero.
Relaciones cercanas
“Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”, dijo Ercoloni en su resolución donde dispone estas medidas cautelares.
Según precisaron esta noche fuentes judiciales, la medida del juez Ercolini fue decidida luego de un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo e implica que hay más evidencias del posible direccionamiento de los contratos de seguros para con la empresa ligada a su secretaria.
Direccionamiento
Las sospechas de Ercolini sobre la existencia de una organización delictiva integrada por el expresidente fueron alimentadas por el decreto 823 del año 2021 que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano. Otras aseguradoras actuaron como coaseguradoras.
Eso dio lugar a la intervención de intermediarios y organizaciones entre los que están Héctor Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Oscar Alberto Castello, como con las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, TG Broker, Bachellier SA, Castello Mércuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y asesores, a quienes se pagaban comisiones superiores a las del mercado, según la denuncia.
De acuerdo a la investigación, desde el Estado se direccionaron las contrataciones hacia esas empresas, donde ya había vínculos anteriores antes del dictado del decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros.
Comments