Corrupción: se esperan novedades en las causas contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri

En Entre Ríos, donde la gestión de Gustavo Bordet llevó adelante un operativo de encubrimiento de actos de corrupción y desarticulación y amedrentamiento del Ministerio Público Físcal, comienzan en estos días procesos de importancia central. No deja de sorprender la cantidad de causas pendientes que acumula una provincia que destituyó a la Fiscal Cecilia Goyeneche por haber destapado una matriz de corrupción enquistada en el corazón de su Legislatura.

Sergio Urribarri y Cristina Kirchner

Una provincia asolada por la corrupción

La "prolija" administración de Gustavo Bordet deja a la provincia en medio de una crisis financiera y economica profunda que despierta discusiones. Pero hubo un campo en el que la gestión del ex gobernador fue contundente y precisa. Gustavo Bordet fue implacable en su labor de obstaculizar la acción del Ministerio Público Físcal entrerriano contra la corrupción enquistada en la provincia. El caso de la Fiscal Cecilia Goyeneche es en este sentido paradigmático. En muchos sentidos se puede decir que Gustavo Bordet fue un habilísimo operador en la labor de entorpecimiento de la lucha contra la corrupción en la provincia.

En estos días, comienzan a moverse causas de importancia transcendental que nos darán una medida esclarecedora acerca del clima que reina actualmente en torno a la cuestión "corrupción" en Entre Ríos.

Dos procesos clave

Después de lo que se conoció como “megajuicio por corrupción” desarrollado entre 2021 y 2022 -tras las fuertes condenas los legajos continuaron el camino de las apelaciones-, los dos procesos judiciales que esperan novedades en las próximas semanas son, tal vez, los de mayor trascendencia por la magnitud de las investigaciones, la gravedad de los hechos y la jerarquía de los políticos y empresarios involucrados.

Desde ayer. 20 de febrero, se trata la remisión a juicio de la causa por coimas que encuentra como principales imputados al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. La hipótesis principal de Fiscalía apunta a que el otorgamiento de contratos desde el Estado a la empresa de Cardona Herreros, tuvo como contrapartida el retorno de dinero a funcionarios públicos y privados. La Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro se elevó a juicio en mayo de 2022. Recién el año pasado se fijó fecha para la audiencia de remisión a juicio, es decir el proceso que está por iniciar en los próximos días. Es que la causa se frenó largo tiempo debido a varios motivos: primero la pandemia, después se sobreseyó en primera instancia a varios imputados (una decisión que fue revertida en instancias judiciales posteriores). 

Por otro lado, se espera que la OGA fije fecha para tratar la remisión a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador. La causa está concluida y se solicitó la remisión en noviembre pasado.

En la causa de las coimas el Ministerio Público Fiscal pidió una condena de 10 años para Urribarri y 9 para Cardona Herreros. En la pesquisa se investigaron delitos contra la administración pública provincial en las gestiones de Urribarri, mediante suculentas contrataciones de empresas que pertenecen a Cardona Herreros. Esos convenios que realizó el gobierno provincial con las firmas privadas implicaron retornos a los funcionarios políticos y empresarios. El Ministerio Público Fiscal a cargo de Gonzalo Badano considera probado el cobro de coimas a partir de correos electrónicos y planillas donde se registraron pagos codificados. Incluso en uno de los allanamientos escandalosos a Relevamientos Catastrales en Buenos Aires, el Ministerio Fiscal llegó a incautar documentación sobre la compra de pasajes aéreos por parte de la empresa a nombre de Urribarri y otros miembros de su familia.

La discusión entre los fiscales y los abogados defensores, sobre la prueba acumulada en la investigación, se llevará a cabo en el Juzgado N°4 a cargo de Julián Vergara.

Por otro lado, la solicitud de elevación a juicio por enriquecimiento, tiene pedidos de penas de 5 años y medio para Urribarri; y 5 años para el empresario Cardona Herreros, implicado como presunto testaferro en este proceso judicial. A mediados de enero hubo algunas novedades en el marco de este legajo, porque las defensas intentaron frenar un congelamiento de bienes.

Otras causas que todavía no llegaron a juicio

El listado de causas por presunta corrupción que todavía no llegaron a juicio oral es extenso. Un registro rápido permite mencionar aquellas de mayor trascendencia mediática, con algunas discusiones orales de forma, que cumplen varios años desde su apertura.

• Causa Troncoso. Aquella que dio origen al novedoso “fallo Cozzi” del Superior Tribunal de Justicia (STJ), torció sentidos sobre los plazos procesales y pateó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una discusión que, a los efectos, continúa impidiendo la realización del juicio en Entre Ríos.

• Causa de los “contratos truchos”, con pedido de remisión a juicio. Sin avances en la Justicia provincial debido a la discusión abierta sobre la competencia con la Justicia Federal. 

• Causa ATER, sobre el cobro indebido a contribuyentes del Estado provincial para limpiar deudas. Está elevada a juicio, sin novedades. Se investigó bajo las reglas del viejo código procesal penal.

• Causa por presunto enriquecimiento ilícito del intendente de Santa Elena, exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi (ya tiene una condena por enriquecimiento) y su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz. Aún está en la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

• Causa por supuesto enriquecimiento ilícito del contador concordiense y expresidente de Sidecreer, Nelio Calza. En la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

• Causa por presunto enriquecimiento ilícito del extitular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Martín Fernández. Está en etapa de investigación.

• Causa por presunto enriquecimiento ilícito del expresidente de Sidecreer Juan José Canosa. Está en etapa de investigación. Tiene una condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

• Causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez. Está en etapa de investigación preparatoria.

• “Causa Allende” por presunto enriquecimiento ilícito del sindicalista y exdiputado, José Ángel Allende y su grupo familiar. Tras dos intentos fallidos de juicio abreviado junto a la pesquisa por amenazas contra la exministra de Salud, Sonia Velázquez (esta última continúa por separado), la investigación por enriquecimiento está frenada.

• Causa de las “cosechadoras truchas”. Hace años se libraron pedidos para localizar a los empresarios Sennor que cobraron adelantos del Gobierno para instalar una fábrica en Concepción del Uruguay y desaparecieron. Nunca los encontraron y la causa quedó parada.

Información judicial fuente: Análisis Digital