El juicio se lleva adelante por la compra de un costoso campo junto al mar en Uruguay en el marco de una operación de lavado de dinero del sistema de corrupción en el que Báez estaba involucrado; la AFIP ya pidió 7 años y medio de prisión y el 8 de abril se completarán los alegatos con la exposición del Fiscal Abell Córodoba y la intervención de la defensa; el Juicio entra así en su etapa definitoria; el Juicio entrará así a su etapa definitoria y los JUces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Nestor Costabel podrán dictar su veredicto
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que el empresario Lázaro Báez sea condenado a nueve años de prisión en un nuevo juicio oral por lavado de dinero, relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay. En el mismo proceso, la AFIP reclamó una condena para Báez de siete años y medio de cárcel.
Fase de definiciones
Con los alegatos de las querellas –el 8 de abril será el turno del fiscal Abel Córdoba– y las exposiciones de los abogados defensores el proceso entrará en su etapa final para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.
El empresario que pasó de la línea de cajas del Banco de Santa Cruz a ser el adjudicatario de una porción enorme de la obra pública argentina durante los gobiernos de los Kirchner, hoy ve como sus problemas judiciales se agravan. Ya condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, que en rigor es la primera parte de este expediente, Báez se encamina a sumar una condena más en las próximas semanas.
Ruta del dinero K
Allí se lo juzgó por lavar plata de la corrupción (según la condena de los dos jueces de la mayoría) mediante transferencias desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita al exterior. Esos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. Además de Báez fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.
En un tramo residual de esta causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner y determinar si el dinero de Báez en verdad es plata de la exfamilia presidencial.
Causa Vialidad
A su vez, Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico. El empresario se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en un country bonaerense.
El Entrevero
Ahora se juzga a Báez, al abogado Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, a Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori y a Osvaldo Guthux, por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares; más un terreno en José Ignacio, por 320.000 dólares, y departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 dólares, supuestamente con dinero a blanquear.
La operación principal que está bajo la lupa es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por el que se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación. Fariña declaró en el juicio que se puso más dinero, habló de 16 millones de dólares y sostuvo que los que intervinieron en la operación se quedaron con plata.
Pedidos de 7 y 9 años de prisión para Báez
La AFIP pidió condenar a Báez a siete años y seis meses de prisión efectiva, más una multa de seis veces el monto del valor operado. Para Goff Dávila pidió siete años de prisión y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para Pérez Gadín. Con respecto a Carradori solicitó una pena de seis años de prisión efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidió una pena de cinco años de prisión y multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta, pidió una pena de cuatro años y para Guthux, una de tres años y seis meses. Para Fariña pidió que sea condenado a esa misma pena y que se lo multe con dos veces el monto del valor operado.
La UIF, en tanto, pidió que se condene a Báez a nueve años de prisión efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados. Para Goff Dávila pidió siete años y seis meses de prisión efectiva. Para Fariña, cuatro años y seis meses de prisión. Para Carradori, seis años y seis meses de prisión. Para Chueco y Pérez Gadín, siete años y seis meses de prisión. Para Acosta y Guthux, cinco años y seis meses de prisión.
Los acusados intervinieron en la operación, supuestamente ordenada por Báez, realizada mediante sociedades constituidas en Uruguay y luego terminaron denunciándose entre ellos.
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