El tribunal anunció que el veredicto será el 6 de diciembre. Las horas para este juicio que ya tiene carácter histórico por la dimensión de lo que se investiga y la envergadura de los imputados, están contadas. Después de varios meses de alegatos y respuestas, de pedidos de recusación y de cruces mucho más políticos que judiciales, ya se sabe cuándo habrá una definición para los imputados.
Julio De Vido, Cristina Kirchner y Lázaro Báez son tres de los imputados en la causa Vialidad
Las “ultimas palabras” de la principal imputada, Cristina Kirchner, fueron un ataque directo y bastante mal articulado a la Fiscalía en particular, a los jueces, al poder judicial en general, a Clarín, a La Nación, a la oposición en general, a Mauricio Macri en particular.
Hubo lugar incluso para calumnias fácilmente desarticulables, como cuando la vicepresidenta dijo que Brenda Uliarte, seguía en redes sociales al Fiscal Luciani, que no posee redes sociales.
La victimización fue el hilo conductor de toda su discurso, que como estaba previsto, no arrojó nada medianamente importante a la causa en particular.
“Cuando el doctor Beraldi me habló de este tramo del juicio al que denominan los penalistas ‘últimas palabras’, dije: ‘Bueno, nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio, este tribunal, Ministerio Público Fiscal incluido’. Porque si cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal dije que era un tribunal del lawfare, debo decir que fui generosa, creo: en realidad este tribunal es un verdadero pelotón de fusilamiento”, dijo Cristina Kirchner, que recordó que ya había advertido que la sentencia en su contra estaba “escrita” desde hacía tiempo.
Fiel a su pasión por las efemérides y las conjeturas caprichosas, Cristina dijo que los fiscales bien podrían ser “periodistas estrellas de Clarín o La Nación” y que terminaron su alegato el mismo día de “otro fusilamiento”, pero 50 años después, bajándole el precio a los trágicos hechos conocidos como “la masacre de Trelew”, que nada tienen que ver con un juicio oral por hechos de corrupción claramente establecidos.
Luciani y Mola, tras años de trabajo e investigación, llevaron adelante una presentación que dejó pasmada a la sociedad argentina por claridad y contundencia y pidieron para Cristina Fernández de Kirchner una pena de 12 años de prisión y inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos de fraude al Estado y asociación ilícita.
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