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Foto del escritorEmiliano Damonte

Causa Seguros: Alberto se victimizó y se autoproclamó perseguido político

Alberto Fernández presentó su primer descargo en la causa donde está imputado por presuntos hechos de corrupción con lo seguros en el que rechazó haber cometido delitos, habló de pruebas que son "vaguedades" y hasta dijo que hay "persecución política" en el caso que investiga si benefició a Héctor Martínez Sosa, su amigo y broker también imputado en este expediente.



Alberto en plena guitarreada
Alberto en plena guitarreada

Para defenderse de las acusaciones penales, en le escrito que presentó ante el juez Julián Ercolini, el ex presidente sostuvo: "Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino, que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones,instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas".


En el escrito de 47 páginas al que accedió Clarín, el ex presidente representado por la abogada Mariana Barbitta dijo que cuestionaba la “imputación penal” y también manifestó una "gran preocupación en términos de las garantías procesales y constitucionales que deben regir en un proceso penal digno del Estado democrático de Derecho -y que en el caso fueron avsasalladas".


Al momento de iniciar su descargo sostuvo: "Lamentablemente, no puedo comenzar sino por referir que no estoy siendo juzgado por un Magistrado imparcial, lo destaco pues, ello explica el derrotero de estas actuaciones a mi respecto, las sucesivas “filtraciones” mediáticas de las actuaciones -supuestamente reservadas para las partes-, y el forzado direccionamiento de la “persecución penal” que pretende ejercitarse".


Después, Alberto Fernández se victimizó y habló de "vaguedad e imprecisión de la acusación" y también de una "complicidad entre el Poder Judicial el Ministerio Público Fiscal, los medios de comunicación y los mezquinos intereses políticos de determinados sectores" para perjudicarlo


Bajo esa misma línea, continuó señalado la existencia de una "complicidad que entrelazada de manera tendenciosa, se dio en el objetivo de afectar el honor y la vida de las personas, así como desviar el correcto accionar de los órganos del sistema de administración de Justicia".


Para el ex presidente, en lugar de estar ocupándose de "manera responsable de la comisión de delitos reales y de la protección de la ciudadanía" sostuvo que los investigadores "despilfarran sus recursos “instruyendo” causas penales basadas en “denuncias anónimas” y “noticias periodísticas” que, casualmente, son concomitantemente utilizadas para campañas mediáticas e intereses político-partidarios".


Para defenderse de las acusaciones penales, Fernández dijo: "Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino, que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas".


La línea de argumentación de sus defensa, sostiene que la causa carece de sustento jurídico y señaló que en el expediente "de manera genérica, y en base a una “noticia” periodística, se habló de “irregularidades” y de “falta de transparencia”, sin mencionarse siquiera una conducta concreta en cabeza de este ex Presidente de la Nación".


Después criticó los términos utilizados en la denuncia, donde a su entender "se advierte el tinte ideológico político y sobre todo económico que se desliza, el cual está ampliamente vinculado con las profecías gobierno actual, toda vez que se pone como foco de la denuncia el “monopolio” en el ámbito de seguros estatales".


"Una persecución política"

Al momento de referirse a Héctor Martínez Sosa, el ex presidente se quejó de una "clara utilización del derecho penal de autor, toda vez que se hace especial énfasis en los supuestos vínculos “de amistad”, “de pareja”, entre las personas denunciadas, aspecto que ya debería ser dejado de lado por la Justicia en el marco de un Estado liberal en donde debería regir el principio de acto".


La justicia no investiga los vínculos de amistad en este caso, sino si los mismos fueron utilizados para conformar un esquema en beneficio de unos pocos en perjuicio de los intereses del Estado.


Sobre el broker amigo, indicó que "ha sido contratado por todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno nacional, desde mucho antes de que yo asumiera como Presidente (cuestión que, claro está, ni siquiera fue mencionada por el periodismo y los anónimos)".


En base a esos dos datos el ex presidente planteó que a su entender, "se desmoronan lo que se ha pretendido hacer con esta ola de denuncias basadas en “noticias periodísticas”, y con esta maniobra que demuestra la persecución política que se pretende llevar adelante utilizando el sistema penal, que debería estar reservado a la investigación de verdaderos hechos delictivos".


Sin embargo, Alberto Fernández dijo que en esta causa penal "demuestra que en realidad, lo que se intenta hacer con esta investigación es una fiscalización político-punitiva de mi gobierno. Como bien sabe, me resulta aún más difícil defenderme si lo que se me imputa no es una conducta humana concreta, o una omisión, sino todo mi mandato como Presidente".


En este sentido, Fernández enfatizó, "no estamos ante una causa judicial conformada para averiguar la verdad respecto a la posible comisión de delitos contra la administración pública, sino todo lo contrario: estamos ante un expediente iniciado por denunciantes anónimos y “noticias periodísticas” a las que echaron mano diversos actores políticos con mezquinos y mendaces intereses".


A raíz de estos argumentos, el ex presidente denunció estar siendo víctima de una "persecución política", y sostuvo que el origen de las acusaciones "no será pasible de control alguno por parte de mi defensa, ya que seguramente los/as periodistas no revelaran “sus fuentes” y él o la denunciante anónimo/a, no tiene forma de ser interrogado tampoco, ya que no contamos con sus datos personales".


La causa

En esas operaciones en las que participaron diversos brokers de seguros, el Estado abonó durante los años 2020 y hasta comienzos de 2024, un total de 3.453.302.777 de pesos en concepto de comisiones.


Con estos números volcados en la auditoría que realizó Nación Seguros SA de la actual gestión, la justicia federal avanza en determinar el posible perjuicio al Estado. Es decir: qué maniobras al margen de la ley se cometieron para beneficiar a brokers amigos del poder, más específicamente a quien tenía línea directa con el ex presidente de la Nación.


Por ese motivo, los delitos atribuidos a Alberto Fernández son la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, las negociaciones incompatibles y no se descarta -en un eventual llamado a indagatoria- que deba responder, además, por la acusación de asociación ilícita.


Bajo estudio se encuentra un entramado de contrataciones que benefició a unos pocos en detrimento de concursos “transparentes” que garanticen “una verdadera compulsa de precios”, escribió el juez Ercolini en una de sus resoluciones.


Frente a ese cuadro de acusaciones que involucran a Héctor Martínez Sosa -su amigo de hace más de 30 años- como uno de los brokers más beneficiado en el cobro de comisiones ( $366.635.744), el ex presidente presentó un descargo por escrito ante el juzgado.

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