Bolivia: el Presidente Rodrigo Paz busca abrir el diálogo para resolver la crisis

El Parlamento de Bolivia facilitó un primer acercamiento entre el gobierno de Rodrigo Paz y sectores sociales que mantienen protestas y cortes de ruta desde hace 22 días. La reunión se realizó en la sede de la Vicepresidencia, en La Paz, con participación de la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.

Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia

El encuentro fue impulsado por el vicepresidente y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, junto con jefes de bancada de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por el Gobierno participaron el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y la ministra de Educación, Beatriz García.

La reunión no contó con algunos de los actores centrales del conflicto: no asistieron dirigentes campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana ni los maestros rurales. Algunos de esos referentes tienen órdenes de captura por disturbios y hechos de violencia registrados durante las protestas.

Para intentar ampliar la negociación, se acordó realizar gestiones que garanticen la presencia de todos los dirigentes en una nueva reunión prevista para este jueves en el Seminario San Jerónimo, también en La Paz. Lupo prometió “garantías plenas” para que los referentes sociales puedan asistir sin ser perseguidos, arrestados ni hostigados.

La crisis mantiene cercadas a La Paz y El Alto, con bloqueos que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, incluido oxígeno medicinal. La protesta también se extendió en los últimos días a otras regiones del país.

El intento de diálogo se produjo pocas horas después de que Paz promulgara una ley que elimina restricciones legales para una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos bajo estado de excepción. El Gobierno asegura que esa medida será la “última opción” si el diálogo fracasa.

La medida más sensible fue el recorte de subsidios a los combustibles. AP señala que Paz alienó a sectores indígenas y rurales al cortar subsidios al combustible, excluirlos de cargos de poder y avanzar con reformas favorables al agronegocio. Ese paquete quebró parte de la base social que inicialmente había acompañado al Gobierno.

También hay un componente político-agrario. Reuters registró que el Gobierno había negociado con manifestantes temas como subsidios al combustible, beneficios sociales y una reforma agraria, la Ley 1720, que terminó siendo derogada después del rechazo de organizaciones indígenas y rurales.

Les tocaron las tierras

La Ley 1720 intentó ser una reforma agraria boliviana sobre la clasificación de tierras rurales. Más precisamente, autorizaba al INRA —Instituto Nacional de Reforma Agraria— a convertir tierras tituladas como pequeña propiedad en propiedad mediana. Fue promulgada el 10 de abril de 2026 y luego abrogada por Rodrigo Paz tras las protestas campesinas e indígenas.

En Bolivia, la pequeña propiedad agraria tiene una protección especial: en general no puede dividirse, embargarse ni tratarse como una mercancía financiera común. Al permitir su conversión en propiedad mediana, la ley abría la puerta a que esas tierras pudieran tener otro tratamiento económico: mayor posibilidad de uso como garantía, acceso a crédito, compraventa o integración a circuitos productivos más grandes. El País sintetizó el conflicto así: la norma permitía convertir pequeña propiedad agraria en mediana, volviendo la tierra un activo financiero utilizable como garantía de crédito, pero perdiendo su característica de inembargabilidad.

Por eso fue tan rechazada por organizaciones campesinas e indígenas. Para esos sectores, la ley podía facilitar la mercantilización de la tierra, la pérdida de protección sobre territorios comunitarios o familiares y una mayor presión de actores agroindustriales o financieros sobre pequeños propietarios. La protesta no era sólo técnica: tocaba una cuestión muy sensible en Bolivia, que es la relación entre tierra, identidad indígena, producción campesina y poder económico.

El Gobierno terminó derogándola para intentar descomprimir la crisis. El presidente Rodrigo Paz oficializó la abrogación el 13 de mayo de 2026 y anunció que buscaría una nueva norma agraria consensuada. La Agencia Boliviana de Información presentó la decisión como resultado del diálogo y de consensos alcanzados entre sectores del país.