Ley de Bases y Puntos de partida para la ibertad de los argentinos, es el título del proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso que propone una larga serie de medidas para eliminar regulaciones y un blanqueo de capitales, la eliminación de las PASO, cambios en materia penal, tributaria y límite a los piquetes entre otros.
El proyecto de ley, que cuenta con 664 artículos y 351 páginas, fue firmado este miércoles por el presidente Javier Milei y su Gabinete, luego de varias idas y vueltas respecto a su confección: finalmente en el Gobierno se inclinaron por una sola ley "omnibús", dividida en varios capítulos, y desestimaron la idea de desmembrarla en varias iniciativas. Más: en medio de la polémica con la oposición y juristas por el mega DNU, decidió incorporar un artículo que "ratifica" el decreto 70/2023.
En una amplia diversidad de ejes, el proyecto contiene límites a las marchas y piquetes, la derogación de las PASO, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, la implementación del Juicio por Jurados; la declaración de la emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025 y el aval al Ejecutivo a privatizar 41 empresas estatales.
También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos y restricciones para los funcionarios públicos en su desempeño político.
Blanqueos
Asimismo, en materia económica, con el fin de "lograr el pago voluntario de las obligaciones", se abre hasta el 30 de noviembre de 2024 un blanqueo de capitales, denominado “Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”: se eximirá del pago de un impuesto especial a quienes declaren menos de 100 mil dólares.
Emergencia Pública
Tal como había adelantado el Gobierno, en su capítulo II del Título I, el texto declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y establece que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".
En el Título II, referido a la "Emergencia y reorganización administrativa", el proyecto le otorgar al Ejecutivo la potestad de "implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración pública nacional".
Y también lo habilita a "centralizar, fusionar o suprimir entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferirlos a las provincias".
En el capítulo el proyecto también declara "sujeta a privatización" a "las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal". Son 41 empresas, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, YPF y hasta el Banco Nación, entre otras.
Trámites a distancia
En el capítulo III, relativo a los "Trámites a distancia y digitalización" se fija que "todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos".
Materia penal
En materia penal, la ley omnibús introduce varios cambios. Por un lado, agrava la pena por participar de un piquete de hasta 3 años y 6 meses de prisión y, con hasta 4 años o se causaran daños. Mientras, para los líderes piqueteros que bajo la amenaza de quita de planes o subsidios obligaran a terceros a participar, la pena puede llegar a seis años.
Por otro lado, en otro cambio trascendente, y en un guiño a las fuerzas de seguridad, agrava las penas para el delito de resistencia a la autoridad y extiende la figura de legítima defensa.
También, dispone que todos los delitos con una pena máxima mayor a los cinco años de prisión sean "obligatoriamente" juzgados por jurados, un sistema que ya está en marcha en provincia de Buenos Aires, aunque en forma optativa.
Materia electoral
En materia electoral, junto a la eliminación de las PASO, el Gobierno impulsa modificar la composición de la Cámara de Diputados y subir el piso de 161 mil a 180 mil habitantes por diputado. Y elimina el mínimo de cinco representantes por provincia.
Otro cambio importante es el fin de la lista sábana y la puesta en marcha de un voto por circunscripción: es decir, cada elector deberá optar por un candidato según el distrito en el que vote.
En busca de evitar excesos de los funcionarios públicos que participan activamente en política partidaria, el Gobierno incluyó un capítulo en el que prohíbe que lo hagan en horario laboral, que utilicen vehículos oficiales para trasladarse a actos o el uso de locaciones pertenecientes al Estado.
Envío del proyecto
El envío del proyecto había sido confirmado este miércoles por la mañana por el vocero Manuel Adorni. "Incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral", había precisado en conferencia de prensa.
Lo hizo en la habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, donde sostuvo que "el norte" de estas reformas "está puesto en la libertad de cada uno de los argentinos".
Antes, el portavoz añadió que "esto va a quedar en manos del Poder Legislativo" y apuntó que "los diputados y senadores deberán elegir entre la libertad, a terminar con esta decadencia que no es responsabilidad solo de un gobierno y son décadas de frustración y fracaso, o si colaboran con volver al camino de la libertad".
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