La falta de control sobre un rol de intermediación de las organizaciones sociales las tranformaron en una máquina de recaudación para la política del impuesto a la pobreza, destacándose aliados kirchneristas y dirigentes de izquierda, la mayoría eran parte del Gobierno anterior; llegaron a manejar una caja de más de $ 1 billón anual; se trata de un escándalo que con el avance de la investigación irá ampliando sus proporciones y dejando expuesto un mecanismo perverso que transformó a los más necesitados en tropa de la política y que sostuvo en el poder a sus administradores por años; se realizaron 27 allanamientos en locales y domicilios de líderes piqueteros
Los 27 allanamientos dispuestos a locales y líderes piqueteros por la presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales nos hablan de algo que ya sabíamos todos, no nos hagamos los distraídos, pero que hasta ahora nunca había sido expuesta por la justicia federal.
Por primera vez la justicia investiga el enorme poder que las organizaciones sociales fueron construyendo en los últimos años en base al manejo de cajas estratégicas del Estado, pero también chantajeando a quienes son obligados a participar en las protestas, marchas y movilizaciones que hacen, cobrándoles porcentajes de su haber mensual a cambio de mantener ese plan social.
En la lista de apuntados por la Justicia aparecen integrantes de grupos de izquierda como el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria, aunque además se conocieron audios, que publicó Clarín, y que involucran a dirigentes del MTE y la CCC, corrientes piqueteras aliadas al kirchnerismo y que ocuparon puestos claves dentro de la estructura del último gobierno.
El caso más emblemático es el de Juan Carlos Alderete, el principal referente de la CCC, que aparece mencionado en una de las denuncias a la línea 134 del Ministerio de Seguridad, en la que una mujer de Chivilcoy comenta que cada cuadrilla de la CCC que trabaja con beneficiarios de planes sociales les cobra $ 10.000 por cabeza a cambio de no cortarles el subsidio y de que asistan a la marcha.
"Te voy a dar un nombre que resuena en las reuniones, que los protege. El apellido: Alderete. Acá se nombra en las reuniones a Alderete", agrega, en el tramo que menciona directamente al líder piquetero, ex diputado nacional del Frente de Todos y que trabajó muy cerca del gobierno de Alberto Fernández en los últimos cuatro años. "Nosotros no apretamos, convencemos políticamente", se defendió Alderete en una declaración radial este martes.
Cómo funciona el negocio millonario del impuesto a la pobreza
La denuncia contra la CCC de Alderete sincera una dinámica muy común dentro de las organizaciones sociales, casi blanqueada internamente entre los punteros políticos y los beneficiarios de esos planes. Como unidad ejecutora, la "orga" le cobra un porcentaje por tramitarle el plan social al que lo recibe, un porcentaje que va del 2% al 5% por persona, según quienes conocen de cerca el sector.
El propio dirigente del Polo Obrero, Gabriel Solano, reconoció a mediados de 2022 que todos los beneficiarios que se encuentran nucleados bajo la estructura de ese partido les pagaban un 2% en concepto de aporte. "En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $ 19.000, estamos hablando de $380”, admitió Solano en aquel momento.
Vanina Biasi, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, del Partido Obrero. Cobran un 2% a sus beneficiarios.Vanina Biasi, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, del Partido Obrero. Cobran un 2% a sus beneficiarios.
El Polo Obrero, representado sobre todo por Eduardo Belliboni, contaba entonces con más de 100.000 beneficiarios que cobraban el Potenciar Trabajo. Haciendo una cuenta simple a partir del propio sincericidio de Solano, la recaudación mensual de la organización social hace dos años era de $ 22,8 millones, aunque si le siguen cobrando ese 2% en la actualidad los números varían, debido a la inflación acumulada en este tiempo.
Teniendo en cuenta que el actual haber del plan social que cobran es $ 78.000, la cifra plantearía un aporte de $ 1.560 por mes, que multiplicado por los 100.000 beneficiarios representaría un negocio mensual de $ 156 millones. La denuncia contra la CCC, no obstante, plantea un escenario todavía más redituable para los piqueteros. La organización de Alderete representa a unas 60.000 personas. Si todas pagan por mes una cuota de $ 10.000, la recaudación total sería de $ 600 millones por mes.
Se trata de un escándalo que con el avance de la investigación irá ampliando sus proporciones y dejando expuesto un mecanismo perverso que transformó a los más necesitados en tropa de la política y que sostuvo en el poder a sus administradores por años.
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